Hace algunos días presidente IVAN DUQUE, con mucho tino jurídico, tal como lo había anunciado en el fragor de su campaña electoral, tras prolongados sondeos en la opinión pública, dictó el decreto No. 1844 del primero del mes en curso, el cual como objetivo medular tiene el decomiso de cualquier cantidad de sustancias alucinógenas, de las muchas que circulan en nuestras calles, parques y sitios de recreación. Al día siguiente de la dictación de tal decreto muchas personas de diverso nivel intelectual, incluso parlamentarios que están llamados a propugnar por la salud de los asociados, aun sin haber analizado los CONSIDERANDOS de dicho decreto, se precipitaron a expresar que el mismo era inconstitucional. Tales aseveraciones en boca de una persona profana en materia de derecho sería remisible, más en las bocas de parlamentarios, y mucho menos de abogados, que si hubieran leído serenamente el artículo 49 de la Constitución, modificado por el acto legislativo número 02 de 2009, no habrían incurrido en semejante despropósito jurídico. En efecto, dicha norma hace una larga y ponderada relación de las obligaciones que el Estado tiene respecto a la salud de los asociados. Y una de esas prioritarias obligaciones se finca, de manera específica o concreta, en la prevención y el tratamiento de la drogadicción. El inciso sexto de dicha norma prevé, de manera categórica, que: “El porte y el consumo de sustancias estupefacientes y sicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médica…”

Si acaso alguno de esos seudojuristas que se precipitaron a motejar de inconstitucional dicho decreto se fundaron en la desatinada sentencia 221 de 1994, proferida por la Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Carlos Gaviria, a ellos es preciso aclararles que el efecto de ese nocivo fallo ha quedado en entredicho, ha morigerado sus alcances absolutistas con la entrada en vigencia del acto legislativo número 02 de 2009, mediante el cual se modificó el artículo 49 de la Carta Fundamental, desde luego que si dicha sentencia prohijó una libertad absoluta en materia del consumo y la tenencia de drogas psicoactivas, la norma constitucional en mención a sofrenado tal libertad absoluta, pues no solo le ha puesto freno a dicho consumo sino que ha prohibido, de modo tajante, el porte de sustancias estupefacientes, con la excepción de que estas sean prescritas por un médico que, se sobreentiende, debe ser un psiquiatra. En consecuencia, el gran interrogante que suscita la coexistencia de dicha norma constitucional y el citado fallo de la Corte Constitucional es el siguiente: ¿puede pervivir una doctrina de la Corte Constitucional ante un acto  legislativo proferido por el Congreso de la República el cual, de modo específico, la modifica, o mejor, la invalida sustancialmente?

De darse una respuesta afirmativa a semejante exabrupto jurídico, tendríamos que admitir que esa Corte detenta una función legislativa, en materia constitucional, que solo le compete al Órgano Legislativo del poder público. Se trataría de un grave síntoma de usurpación de funciones, en un país cuyo artículo primero de la Constitución lo proclama como “un Estado Social de Derecho”, en el cual las reformas a la Constitución le corresponden al Congreso de la República, según claramente lo establecen los artículos 114 y 374 de la misma Carta Fundamental.

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